Con una inversión cercana a los 20 millones de pesos, el centro fue impulsado por la entonces Secretaría de la Reforma Agraria en conjunto con organizaciones locales. Aunque se entregó con equipamiento básico como tanques de enfriamiento y una infraestructura funcional, el sitio no contó con un modelo operativo claro, ni con personal capacitado o acuerdos logísticos que garantizaran su funcionamiento.

Uno de los mayores errores fue la ausencia de una planificación integral. No hubo estudios de mercado ni estrategias para integrar a los productores locales en una red eficiente de suministro. Además, se presentaron conflictos internos entre los beneficiarios, con acusaciones cruzadas sobre el manejo del inmueble y disputas legales por la propiedad del predio.

A pesar de que en 2020 se intentó reactivar el proyecto con una nueva organización y la intermediación de autoridades federales, las diferencias internas persistieron. Las promesas de reactivación se diluyeron, dejando a los ganaderos locales sin acceso a una herramienta que podría haber mejorado su competitividad y capacidad de negociación en el mercado lácteo.