Para la ganadería lechera, la situación es alarmante. Los productores de leche dependen en gran medida de los trabajadores migrantes para las tareas diarias de ordeña, alimentación del ganado y mantenimiento de las instalaciones. Con la falta de personal, las granjas no pueden mantener su ritmo de producción de leche, lo que provoca pérdidas de ingresos y, en el peor de los casos, el cierre de operaciones. La incertidumbre y el miedo entre los trabajadores restantes también afectan la moral y la eficiencia.

Las consecuencias de estas redadas van más allá de la producción de leche. La industria alimentaria en general, incluyendo plantas de procesamiento y fábricas de productos lácteos, también sufre la interrupción de la mano de obra. Esta paralización podría llevar a un menor volumen de productos en los estantes, un aumento de precios para el consumidor y un desabastecimiento en algunos mercados. Es un recordatorio de la interconexión entre la política migratoria y la seguridad alimentaria.

Los analistas del sector advierten que, si estas redadas continúan, el daño a la economía lechera y agrícola podría ser a largo plazo. La pérdida de trabajadores experimentados es difícil de reemplazar, y la percepción de un entorno laboral inestable desincentiva la llegada de nueva mano de obra. Esto pone en riesgo la sostenibilidad del modelo de producción actual, basado en una fuerza laboral que ahora se siente vulnerable.