El problema es doble. Por un lado, el robo de camiones cisterna genera pérdidas económicas directas para los productores y transportistas, quienes se ven obligados a asumir los costos del delito y a invertir más en seguridad. Por otro lado, la leche cruda robada, al ser comercializada en el mercado negro sin los controles de calidad y pasteurización necesarios, se convierte en un riesgo para la seguridad alimentaria. Esta leche puede contener bacterias nocivas que causan enfermedades graves, como la brucelosis, lo que compromete la salud de los consumidores que, sin saberlo, la compran.

El “lechicoleo” no es un delito aislado, sino parte de una red criminal bien organizada que se aprovecha de la falta de seguridad en las carreteras. Los delincuentes no solo roban la leche, sino que también tienen los contactos para procesarla y venderla de manera informal. Este conocimiento de la cadena de suministro sugiere una sofisticación que hace que el problema sea más difícil de combatir para las autoridades. La falta de un seguimiento y de un control sobre la leche informal es una de las mayores amenazas para el sector lácteo en la actualidad.

Para combatir este fenómeno, se necesita un esfuerzo conjunto. El gobierno debe aumentar la seguridad en las rutas de transporte y perseguir a los delincuentes con firmeza. Por su parte, la industria láctea y los productores deben invertir en tecnologías de rastreo y en sistemas de vigilancia para proteger sus activos. Además, es crucial educar al consumidor sobre los riesgos de comprar leche de origen desconocido o que no tenga los sellos de calidad y seguridad que garantizan su inocuidad.