La causa del aplazamiento de la audiencia, programada inicialmente para este jueves, fue un tecnicismo: la falta de un perito traductor de francés para el directivo Boyra. El juez de control consideró que no se cumplían las condiciones para llevar a cabo la diligencia, y la reprogramó para el próximo 9 de octubre. Esta decisión, aunque de procedimiento, prolonga la incertidumbre sobre el futuro de los ejecutivos y subraya la complejidad legal de este tipo de disputas al interior de las grandes empresas agroalimentarias.

La denuncia que ha llevado a los directivos a esta situación legal fue presentada por un accionista fundador, quien los acusa de realizar maniobras fraudulentas para perjudicar a los socios originales. Según el demandante, se habrían llevado a cabo cambios en los estatutos y se les habría retenido indebidamente el pago de dividendos, de los cuales se desconoce su destino. Esta acusación pinta un panorama de conflicto entre los socios fundadores, herederos de la primera generación de ganaderos, y la nueva administración de la empresa.

La problemática en Alpura no solo es un conflicto entre accionistas, sino que también pone en tela de juicio la gobernanza corporativa de una de las empresas más importantes del sector lácteo en México. La falta de transparencia en la entrega de informes financieros a los socios, como alega la denuncia, es un tema delicado que puede tener un impacto en la confianza de los inversores y en la percepción de la empresa por parte de la opinión pública. La confianza es un activo valioso en el mercado agroalimentario, y su pérdida puede tener consecuencias graves a largo plazo.