La principal preocupación reside en el efecto dominó que esta disminución de acopio tendrá sobre programas esenciales, como el destinado al CAPASITS (Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual) y otros grupos vulnerables. Estos programas dependen de un suministro constante y de calidad para garantizar la nutrición de sus beneficiarios. Una baja en la disponibilidad de leche fuerza a los organismos a buscar proveedores alternativos a mayor distancia o, en el peor de los casos, a reducir las raciones, comprometiendo la seguridad alimentaria y nutricional de la población.

Los productores lecheros de la región denuncian que las condiciones de infraestructura son un lastre crónico. El deterioro de las vías de comunicación hace que el transporte de la leche desde las unidades de producción hasta los centros de acopio sea lento y arriesgado, especialmente para un producto perecedero que requiere una estricta cadena de frío. Además, la inestabilidad eléctrica ya reportada en la costa veracruzana intensifica el problema, pues sin refrigeración constante, la leche cruda no puede ser conservada con los estándares de calidad exigidos.

Desde la perspectiva de la economía láctea, la incertidumbre en el acopio afecta la planificación de la producción y la rentabilidad del ganadero. Si la leche no se puede recoger o si se echa a perder por falta de frío, el productor primario pierde sus ingresos, viéndose obligado a reducir la inversión en el hato o el mantenimiento de la granja. Se requiere una intervención gubernamental que no solo atienda la emergencia inmediata, sino que invierta en infraestructura rural resiliente para proteger la producción lechera a largo plazo.