El meollo del problema radica en que las agencias federales, incluyendo la principal compradora, Liconsa, parecen priorizar el menor costo de la leche en polvo internacional, incluso a pesar de tener leche nacional disponible para sus programas de abasto social. Esta decisión estratégica, que favorece la leche en polvo rehidratada, impacta negativamente en la demanda interna de leche cruda y, consecuentemente, en el precio que se paga a los productores primarios. La falta de una política de compra consistente que privilegie el origen nacional es vista como un obstáculo para la sostenibilidad del tambo.

La Asociación de Productores ha destacado que la leche nacional no solo cumple con los estándares de calidad e inocuidad, sino que su compra directa tiene un efecto multiplicador en la economía rural, generando empleos y riqueza local. Sin embargo, la competencia desleal con la leche en polvo importada —a menudo subsidiada o a precios dumping— coloca a los ganaderos mexicanos en una desventaja estructural. El sector exige transparencia en los procesos de adquisición y que se apliquen mecanismos de compra que realmente pongan a la producción nacional en primer lugar.

Este debate sobre la importación de lácteos toca directamente la fibra de la seguridad alimentaria del país. Los productores y legisladores argumentan que depender de la leche en polvo extranjera expone a México a la volatilidad de precios internacionales y a los riesgos geopolíticos, mientras se desmantela la capacidad productiva interna. La inversión en la ganadería nacional debería ser la prioridad para asegurar el abasto estable y de calidad para las futuras generaciones.