La suspensión de la compra por parte de un actor tan relevante como Liconsa genera una sobreoferta artificial en el mercado de leche cruda. Esta situación obliga a los productores a colocar su volumen en el mercado abierto, donde el precio por litro es notablemente inferior, a menudo por debajo de los costos de producción. El resultado inmediato es una crisis de liquidez que pone en riesgo el pago de nóminas, deudas y la adquisición de insumos vitales como el forraje y los concentrados para el ganado.

Las asociaciones de productores lecheros han alzado la voz para denunciar que esta situación va en contra de los principios de autosuficiencia alimentaria y del compromiso de apoyar al sector primario. Argumentan que, mientras se deja de comprar la leche nacional fresca y de calidad, el Gobierno ha mostrado una tendencia a priorizar la importación de leche en polvo, lo que exacerba la competencia desleal y debilita la cadena de valor láctea interna.

La gravedad del escenario se intensifica al considerar que la producción de leche es un proceso biológico continuo que no puede interrumpirse. Los ganaderos se encuentran con un producto perecedero que debe ser vendido o procesado de inmediato. La ausencia de un comprador seguro en un mes tradicionalmente complicado como diciembre empuja a muchas granjas pequeñas y medianas hacia la quiebra, lo que podría llevar a la liquidación de hatos lecheros y una pérdida de capacidad productiva a largo plazo.