Un eje central de la ley es el reconocimiento de los derechos hídricos de los pueblos originarios, quienes históricamente han manejado el agua de manera tradicional y sustentable. Al otorgarles una protección legal explícita, se busca preservar los sistemas comunitarios de gestión del agua y fomentar prácticas de conservación que beneficien a toda la cuenca. Este enfoque de equidad y sustentabilidad es una tendencia clave en la legislación ambiental internacional y es crucial para el manejo integral del recurso en regiones metropolitanas complejas.

Para los productores agropecuarios de la CDMX y sus alrededores —quienes luchan por mantener la actividad primaria frente a la expansión urbana—, la ley propone mecanismos de protección específicos para garantizar el volumen necesario para la irrigación y la actividad ganadera. Al priorizar el uso productivo del agua sobre usos menos esenciales, se busca salvaguardar la seguridad alimentaria regional y frenar el abandono de tierras de cultivo. La viabilidad de la agricultura y la ganadería periurbana depende, en gran medida, de esta certidumbre hídrica.

El impulso de Morena a esta ley también implica la necesidad de una gestión más transparente y la inversión en infraestructura de captación y saneamiento. Una nueva legislación de aguas debe ir acompañada de un presupuesto robusto para modernizar la red de distribución y reducir las fugas, que representan una pérdida masiva del recurso. La industria y el sector agropecuario esperan que la ley facilite la adopción de tecnologías de reúso y eficiencia hídrica.