Patricia Ponce, coordinadora del Grupo Multisectorial y profesora investigadora del CIESAS-Golfo, confirmó que la organización documentó el desabasto mediante reportes directos del personal de los CAPASITS en Poza Rica, Río Blanco, Veracruz, Coatzacoalcos y Xalapa. La evidencia incluye registros firmados que acreditan la ausencia del producto durante semanas críticas. Ante la emergencia nutricional, el colectivo implementó una campaña ciudadana que logró reunir y distribuir cerca de 1,200 latas de fórmula láctea, garantizando alimentación para los menores afectados durante mes y medio a dos meses. Esta intervención de la sociedad civil evidencia fallas estructurales en la planificación de compras y logística de productos lácteos especializados.

La crisis se agrava con nuevas observaciones: tras una revisión reciente, el Grupo Multisectorial detectó que en algunos CAPASITS el insumo ya se agotó completamente, mientras que en otros apenas queda existencia para dos semanas adicionales. Esta situación recurrente plantea interrogantes sobre la gestión de inventarios de fórmulas lácteas en instituciones de salud estatal, donde la discontinuidad del suministro puede comprometer la nutrición infantil y generar emergencias sanitarias prevenibles. Para la industria láctea mexicana, representa un llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer canales institucionales de distribución para productos de alta especialización.

El conflicto escaló cuando la gobernadora Nahle declaró que supuestamente se solicitaron datos personales de beneficiarios, afirmación que Patricia Ponce rechazó categóricamente calificándola como “una violación a derechos humanos y un delito”. La investigadora aclaró que únicamente solicitaron cifras generales sobre el número de niños que requerían fórmula en cada centro, información operativa necesaria para coordinar la campaña de apoyo ciudadano. Esta confusión pudo originarse por solicitudes de comisiones de derechos humanos, pero subraya tensiones en la comunicación entre organizaciones civiles y autoridades gubernamentales cuando se aborda el acceso a productos lácteos especializados para poblaciones vulnerables.