Desde la perspectiva de la economía láctea regional, el impacto es devastador para el productor primario. Al inundar el mercado con opciones baratas que no cumplen con los estándares de identidad de la leche, se genera una presión a la baja en los precios pagados al ganadero. La UGRS advierte que, de no frenarse esta tendencia, muchas unidades de producción familiar en Sinaloa podrían desaparecer, incapaces de competir contra insumos industriales que no asumen los costos de mantener un hato sano y productivo bajo normativas de bienestar animal.

En términos de sanidad y salud pública, el riesgo es igualmente elevado. Muchos de estos productos contienen grasas vegetales hidrogenadas, exceso de azúcares y aditivos químicos para replicar la textura de la leche, lo cual puede tener efectos adversos a largo plazo en la nutrición de niños y adultos mayores. Los analistas del sector subrayan que la leche genuina aporta una matriz de nutrientes (calcio, proteínas de alto valor biológico y vitaminas) que estos análogos difícilmente pueden igualar, convirtiendo al fraude alimentario en un problema de salud comunitaria.

Ante este escenario, la dirigencia ganadera exige a las autoridades federales y locales un rigor absoluto en la aplicación de las normas de etiquetado. Es fundamental que el consumidor pueda distinguir claramente entre una leche 100% pura y un producto combinado o sintético. Para la agroindustria, la transparencia no es opcional; es la única forma de proteger la reputación del sector y asegurar que el valor del trabajo del productor se vea reflejado en el precio final, libre de las distorsiones que provocan las imitaciones de baja calidad.