A pesar de la retórica hostil de la Casa Blanca, que ha calificado el pacto como “irrelevante”, los principales sectores industriales y las asociaciones agrícolas de la Unión Americana rechazan tajantemente la cancelación del acuerdo. Reportes de la plataforma Politico advierten que la falta de certeza jurídica vulnera directamente a cadenas de suministro multimillonarias estructuradas durante tres décadas, golpeando con severidad a la industria automotriz y a los procesadores de lácteos. Las cúpulas empresariales temen perder la ventaja competitiva que ha consolidado a México y Canadá como sus socios comerciales prioritarios.

Los analistas del sector pecuario y financiero estiman que un limbo normativo pone en riesgo un valor de intercambio físico superior a los 1.8 billones de dólares anuales. Entidades de gran peso como la Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas alertaron que someter el flujo comercial a revisiones periódicas constantes deprimirá las inversiones de largo plazo, castigando al ganadero y agricultor que ya lidian con condiciones operativas severas. Asimismo, se prevé un impacto inflacionario inmediato en productos sensibles para las mesas familiares, desarticulando la integración productiva del continente.

Ante este complejo panorama, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, transmitió un mensaje de certidumbre macroeconómica al confirmar que tanto México como Canadá ya firmaron a favor de prorrogar el acuerdo, quedando la definición enteramente en la cancha de Washington. La mandataria aclaró que la negativa de una extensión directa no implica el fin inmediato del tratado, sino el inicio de una ruta de adecuaciones donde cualquier modificación de fondo deberá ser ratificada por los Congresos nacionales. En este contexto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encabeza reuniones estratégicas para delinear la postura defensiva del país.