La falta de dispersión de los recursos impacta de forma directa e inmediata en la liquidez cotidiana de los establos. Los productores señalaron que la retención de los ingresos les impide solventar compromisos operativos indispensables, tales como la compra de forrajes, concentrados balanceados, pago de nóminas a trabajadores del campo y la cobertura de elevadas tarifas eléctricas para el funcionamiento de los tanques de enfriamiento, insumos indispensables para evitar la descomposición de la leche recién ordeñada.

Representantes de las organizaciones pecuarias locales manifestaron que, si bien el esquema de Precios de Garantía fue diseñado para brindar certidumbre a los pequeños y medianos ganaderos, la recurrencia de trabas burocráticas y el congelamiento presupuestal desvirtúan el propósito social del programa. La incertidumbre en las fechas de liquidación ha orillado a varios productores a endeudarse con proveedores comerciales o a considerar el desvío de sus volúmenes hacia compradores informales a precios castigados.

Ante la falta de respuestas claras por parte de las representaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la gerencia estatal de Liconsa, las asambleas ganaderas acordaron emprender medidas de presión pacíficas pero contundentes. Entre las acciones contempladas destacan la toma de centros de acopio federales, manifestaciones en oficinas gubernamentales y posibles bloqueos en vías de comunicación estratégicas de la región centro-sur de Chihuahua para exigir la liberación inmediata de los pagos pendientes.