Las anomalías operativas se concentraron en las compras de leche fluida realizadas en los municipios de Chihuahua y en centros receptores vinculados de San Pedro, Coahuila, así como en los convenios de maquila industrial suscritos con procesadoras privadas. El informe técnico reveló que el convenio principal estipulaba que el cien por ciento del producto debía entregarse y verificarse en instalaciones públicas, situación que fue omitida al canalizarse hacia once centros de acopio particulares donde el personal institucional no intervino en la recepción física. De igual manera, las auditorías evidenciaron un nulo control sobre los volúmenes de crema derivados del proceso de descremado y estandarización, desconociéndose los rendimientos de grasa butírica obtenidos y su posterior comercialización comercial. Los expedientes de los proveedores incorporados al padrón se actualizaban de forma deficiente y se autorizaban dispersiones bancarias aun cuando existían registros de productores fallecidos en los listados de beneficiarios. La falta de verificación higiénica en los puntos de descarga privada vulneró la trazabilidad de los tanques de frío y debilitó los estándares bromatológicos exigidos por la normativa pecuaria.

Estas inconsistencias contables salen a la luz en un momento en que los establos lecheros del norte del país atraviesan un severo estrangulamiento comercial por recortes unilaterales de cupos y rezagos de liquidación. Mientras el organismo fiscalizado dispersaba cifras millonarias sin soporte físico, cientos de pequeños y medianos ganaderos del centro-sur del estado denunciaron castigos a sus precios y límites de compra de hasta el 40% en corral. Esta distorsión debilita el funcionamiento del precio de garantía institucional fijado en 11.50 pesos por litro, forzando a los productores familiares a rematar sus excedentes en canales informales a tarifas de ruina. Asimismo, la falta de transparencia en la captación institucional estimula la proliferación de sucedáneos elaborados con grasas vegetales que compiten de manera desleal frente a la leche genuina de vaca en los anaqueles urbanos. La brecha entre los recursos erogados en el papel y la falta de liquidez en las salas de ordeña profundiza la asimetría económica que castiga a los verdaderos productores de las cuencas del semidesierto.

El balance presupuestario del programa oficial evidencia deficiencias estructurales en el control interno y en la supervisión de las gerencias estatales responsables de la administración contractual. La gestión operativa asignó pagos multimillonarios amparada únicamente en la existencia de cuentas bancarias y registros fiscales activos, prescindiendo de auditorías técnicas a pie de báscula para corroborar los litros entregados. Esta relajación en los filtros de control financiero permitió la operación de asociaciones y apoderados legales que concentraban contratos sustanciales sin demostrar la capacidad zootécnica de sus hatos proveedores. Los costos asociados al procesamiento industrial, transporte en pipas y deshidratación de excedentes no contaron con un balance de masa que justificara las mermas operativas reportadas ante la Secretaría de la Función Pública. Para la agroindustria láctea nacional, la falta de comprobación en esquemas subsidiados drena partidas que debieron destinarse a infraestructura de frío, silos forrajeros y fondos de contingencia para amortiguar la inflación de insumos.