La crítica central del sector productor se enfoca en la ambigüedad de la propuesta y su potencial para burocratizar o restringir el acceso al agua que es vital para la producción de forrajes y el sustento del hato lechero. La agricultura y la ganadería demandan un marco legal que garantice la certidumbre jurídica y que reconozca la prioridad de la actividad primaria como pilar de la seguridad alimentaria. Los productores lecheros buscan que cualquier reforma promueva la inversión en tecnología para la eficiencia hídrica, en lugar de imponer restricciones que impidan la continuidad operativa.

Los legisladores locales han servido de caja de resonancia para el malestar del campo, señalando que el proyecto de ley no incorpora la perspectiva regional ni las necesidades específicas de los estados con escasa disponibilidad de agua, como Aguascalientes. La exigencia es que se abra un diálogo inclusivo para modificar el articulado, asegurando que se protejan los intereses legítimos de los productores agropecuarios y se evite un impacto económico devastador en la cadena de valor de la leche cruda y los cultivos.

La Asociación Ganadera ha advertido que, si la ley se aprueba en su forma actual, podría obligar a reducir la producción lechera debido a la imposibilidad de asegurar el abasto de agua necesario para el ganado y el riego de alimentos. Esta amenaza no solo afectaría a la economía local, sino que también podría reducir la oferta de leche nacional, incrementando la dependencia de las importaciones de lácteos. El manejo inadecuado del recurso hídrico mediante una legislación restrictiva es visto como un riesgo existencial para el tambo lechero.