La importación masiva y subsidiada de leche en polvo por parte del gobierno federal es denunciada como competencia desleal que destruye la rentabilidad del productor mexicano.
El sector lechero de México enfrenta una grave amenaza estructural: la competencia desleal generada, paradójicamente, por decisiones de la propia Federación. Productores y representantes del gremio, como la Federación Mexicana de Lechería (Femeleche), han alzado la voz contra la política de importación indiscriminada de leche en polvo. Esta leche extranjera ingresa al país a precios subsidiados en sus países de origen, creando un grave desequilibrio que obliga a los ganaderos nacionales a vender su leche cruda por debajo de sus costos de producción, socavando su viabilidad económica.
El problema de la competencia desleal se agrava al considerar el papel de Liconsa, la empresa estatal responsable de la distribución social del lácteo. Datos críticos señalan que una porción significativa, llegando a ser hasta el 90 por ciento de la leche distribuida por Liconsa, contiene leche en polvo rehidratada, una práctica que ha convertido a México en el segundo importador mundial de este producto. Para los productores primarios, esto representa un desplazamiento directo de la demanda de leche fresca nacional, debilitando la estructura de mercado interno.
La raíz del conflicto radica en el déficit productivo nacional. Si bien la producción local no logra cubrir la totalidad del consumo interno (con un déficit estimado en el pasado de más de 4,000 millones de litros), los ganaderos insisten en que la solución no debe ser la apertura irrestricta de fronteras. Exigen que cualquier importación se dé solo después de haber asegurado la compra de toda la producción nacional y, además, que se apliquen impuestos compensatorios a los productos extranjeros para neutralizar los subsidios y garantizar un comercio justo.
La Femeleche y otros líderes del sector han propuesto la implementación de políticas públicas claras que prioricen la autosuficiencia alimentaria y la integración de la cadena productiva. Esto incluye la exigencia de normatividad estricta sobre calidad, sanidad e inocuidad, y mecanismos para transparentar la comercialización de la leche. El sector busca el respaldo legislativo para que las decisiones sobre aranceles y gravámenes no se tomen bajo la presión de intereses empresariales poderosos, sino en función del interés público y del pequeño y mediano productor.
En conclusión, la batalla por la lealtad en el mercado lácteo mexicano es una lucha por la supervivencia de 150,000 pequeños y medianos productores. La importación de leche subsidiada no solo afecta la rentabilidad del tambo, sino que también amenaza la soberanía alimentaria a largo plazo. La demanda es clara: el gobierno debe impulsar la producción nacional y establecer un ordenamiento del mercado que ponga freno a las prácticas que, al disfrazarse de políticas de abasto social, ejercen una competencia desleal directa.
Fuente: Para más detalles sobre la denuncia de los productores sobre la competencia en el sector, consulta el análisis de En Blanco y Negro.
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