La movilización de los productores, que incluye cortes de ruta y manifestaciones, busca presionar al Gobierno Federal para que establezca un precio de garantía que sea justo y cubra los costos de producción. Los ganaderos lecheros son uno de los grupos más afectados, ya que la compra de leche por parte de la industria y la paraestatal Liconsa no refleja la inflación real de los costos operativos. Esta situación es un punto de alta tensión que requiere de una mesa de diálogo entre productores, industria, gobierno y distribuidores para reestructurar la cadena de valor láctea.

Un elemento clave de la noticia es la adhesión del Partido del Trabajo (PT) a la protesta nacional. Aunque la movilización es fundamentalmente una demanda del sector primario, el apoyo de un partido político oficialista otorga una mayor visibilidad a las exigencias de los productores agrícolas y lecheros, elevando el conflicto a la agenda política. Este respaldo pone de manifiesto que las problemáticas del agro mexicano trascienden el ámbito económico y se consolidan como un desafío de gobernabilidad y política social.

El foco de las protestas se ha centrado en la necesidad de fortalecer el campo a través de políticas públicas efectivas, no solo con subsidios, sino con la implementación de mecanismos de comercialización que sean transparentes y beneficien directamente al productor. La industria lechera, como proveedora de un producto básico, se ve particularmente afectada por la distorsión de precios que existe entre lo que se le paga al lechero y lo que finalmente se cobra al consumidor final, siendo los intermediarios y la distribución quienes absorben el mayor margen de ganancia.