Un dato que ilustra la profunda distorsión económica es la desproporción entre el valor al productor y al consumidor. El Senador señaló que, en algunos casos, un campesino necesita vender cinco kilos de maíz para poder comprar un kilo de tortillas ya procesadas. Esta disparidad se agrava por el margen que obtienen los intermediarios: mientras las harineras pueden comprar la tonelada de maíz a un precio (ejemplificado en $\text{5,000}$ pesos), la revenden procesada en un valor notablemente superior (ejemplificado en $\text{17,000}$ pesos), dejando al productor primario sin margen de utilidad y sin capacidad de supervivencia económica.

La situación es calificada como una competencia desleal estructural, agravada por la política de importación de maíz transgénico, mientras que, de forma ilógica, la producción nacional está restringida. Este fenómeno no solo afecta al maíz blanco, un producto históricamente asociado a la autosuficiencia alimentaria mexicana, sino que se extiende a otros cultivos vitales como el trigo, donde se han reportado atrasos en el pago del precio de garantía, generando quebrantos financieros por cientos de millones de pesos a los productores.

Ante la falta de garantía en el precio y el riesgo de pérdida financiera al sembrar, la respuesta natural del productor es el abandono de cultivos y, consecuentemente, la migración del campo. El Senador Márquez enfatiza que la solución requiere un esfuerzo conjunto y políticas públicas sin “colores”, enfocadas en hacer el campo atractivo nuevamente. Las prioridades deben ser la tecnificación en el uso del agua agrícola ($\text{70\%}$ del consumo total) y el restablecimiento de mecanismos de financiamiento rural ágiles, similares a esquemas de banca de desarrollo.