Durante los meses críticos de estiaje – mayo y junio – los niveles de embalses, presas y bordos han estado muy por debajo de lo requerido, dificultando el acceso al agua para consumo animal. Aunque algunas lluvias han traído alivio, los pronósticos climatológicos para julio a septiembre siguen señalando condiciones adversas.

Ante el colapso hídrico, el Gobierno Estatal, sin apoyo federal, ha entregado suplementos alimenticios como maíz molido a productores de 12 municipios, y ha comenzado programas de siembra de avena y frijol para asegurar forraje futuro. No obstante, el alcance estatal todavía es limitado y no cubre la magnitud del desastre en el agro regional.

Además de la tragedia veterinaria, el impacto socioeconómico se extiende al empleo rural: la pérdida de reses implica no solo grandes pérdidas económicas, sino también amenaza la subsistencia de familias que dependen del ganado como principal ingreso. En paralelo, el cierre de fronteras y restricciones sanitarias encarecen aún más la crisis.