El esquema de extorsión se ha vuelto un obstáculo constante para la cadena de suministro. Los transportistas que llevan la leche cruda desde las granjas a las plantas de procesamiento son interceptados y obligados a pagar sobornos para poder continuar su camino. Estos costos adicionales, que no están contemplados en la estructura de precios de la leche, reducen la ya de por sí baja rentabilidad que enfrentan los productores. La situación es insostenible y ha generado un ambiente de miedo y frustración en la comunidad de ganaderos.

El problema es aún más grave debido a la presunta colusión de algunas autoridades con los extorsionadores. Cuando los productores intentan denunciar, se encuentran con la inacción o incluso la complicidad de quienes deberían protegerlos. Esta falta de seguridad y de un estado de derecho funcional es un factor disuasorio para la inversión y el crecimiento del sector lácteo en la región. Un entorno de negocios transparente y seguro es fundamental para que la producción lechera pueda prosperar y atraer a nuevos inversionistas.

La crisis de las extorsiones no solo afecta a los productores, sino que también puede tener un impacto en los consumidores. La interrupción en la cadena de suministro podría llevar a la escasez de leche o a un aumento en los precios de los productos lácteos en el futuro. Una producción nacional que está bajo la amenaza de la corrupción es una producción vulnerable, que pone en riesgo la seguridad alimentaria de miles de familias. Es un problema sistémico que necesita una solución integral.