El enfoque del Gobierno del Estado se centra en mitigar el impacto negativo de la retirada de Liconsa como principal comprador. El funcionario destacó que se están explorando opciones para absorber la producción de leche que quede varada, asegurando que el Gobierno de Aguascalientes está dispuesto a apoyar lo necesario para mantener la capacidad productiva de las granjas. Este compromiso se dirige a evitar que los productores, como los de Granjas Fátima, se vean obligados a liquidar sus hatos lecheros por falta de rentabilidad y liquidez.

La complejidad de la solución va más allá de la voluntad política. Arámbula López reconoció que la capacidad instalada de envasado en el estado es limitada. Empresas locales de distribución de lácteos, como Alileche, están trabajando a marchas forzadas y horas extras para procesar los volúmenes ya existentes. Sin embargo, absorber el excedente que deja Liconsa requeriría una inversión significativa en una nueva planta de envasado o la atracción de una planta externa, un proceso que demanda tiempo y un alto capital.

La protesta de los productores lecheros frente a las oficinas de Liconsa ha sido el catalizador de esta respuesta estatal. Los ganaderos acusan a la paraestatal de falta de compra para el mes siguiente, alegando una supuesta carencia de recursos, lo que los deja en una situación de vulnerabilidad extrema. La crisis presupuestaria federal se traduce, de esta manera, en una crisis productiva regional que exige soluciones de gestión local para estabilizar el mercado de leche cruda.