Este conflicto pone de manifiesto la vulnerabilidad del productor primario ante el poder de compra de los procesadores industriales y queseros. Mientras que los ganaderos han visto dispararse los costos de sus insumos agropecuarios, el precio de la leche se ha mantenido estático, pagándose en un rango que oscila entre los $9.50 y $10.50 pesos por litro en algunos casos. Para la economía láctea, este estancamiento de precios, mientras los costos operativos suben, es insostenible y obliga a los pequeños productores lecheros a operar al límite de la pérdida o, directamente, a considerar la liquidación de su hato.

La preocupación de los ganaderos es que la falta de un ajuste de precio adecuado no solo impacta sus finanzas actuales, sino que compromete la inversión futura necesaria para mantener la calidad de la leche y la eficiencia productiva. Sin ingresos suficientes, los productores no pueden invertir en sanidad animal, genética o mitigación de estrés calórico, lo que a largo plazo, perjudica la capacidad de abasto de la cadena láctea local. Esta es una advertencia para los analistas sobre el riesgo de descapitalización del sector.

Una de las soluciones que se barajan para estabilizar el mercado y brindar certidumbre al productor es la potencial intervención de Liconsa a través de la creación de una planta quesera de acopio. Esta participación estatal, ofreciendo un precio de garantía y una capacidad de procesamiento alternativa, podría funcionar como un factor de equilibrio en la región. El periodismo de datos sobre la intervención de precios sugiere que la competencia de un comprador estatal es a menudo el único mecanismo efectivo para forzar a los procesadores privados a mejorar sus ofertas.