A un año de la partida de Don José Luis González Sánchez, fundador y alma de la icónica lechera Sello Rojo, su familia levanta la voz, no por nostalgia, sino por indignación. Lo que era un emblema de esfuerzo, calidad y compromiso con el consumidor parece haber sido contaminado por el espectro de la corrupción, un mal de cuello blanco que amenaza con desmoronar el legado de toda una vida.

Esta redacción tuvo la oportunidad de conversar con la familia González Rodríguez, quienes, con información en mano, describieron un panorama alarmante que exige investigación, justicia y, sobre todo, acción por parte de las autoridades.

Un cúmulo de irregularidades

La narrativa financiera de Sello Rojo de 2019 a 2023 es, en el mejor de los casos, sospechosa; en el peor, un escándalo en construcción. Según datos proporcionados:

1. Pérdidas declaradas por más de 1,300 millones de pesos en un periodo donde la industria lechera nacional creció. Mientras otras empresas registraban aumentos en ventas gracias a la pandemia y el cambio en patrones de consumo, Sello Rojo reportaba caídas inexplicables.

2. Posible desvío de más de 3,000 millones de pesos, basado en la opacidad que permite el 80% de las ventas de contado. Esta práctica, aparentemente inocua, se convierte en el caldo de cultivo ideal para que los flujos de efectivo sean manipulados a discreción.

3. Desfalco de dividendos por 450 millones de pesos, un robo directo a los socios, entre ellos la propia familia González Rodríguez y Roberto Eigi González Uyeda, que en conjunto poseen el 20% de la empresa.

En suma, las irregularidades ascienden a 11,000 millones de pesos hasta diciembre de 2023, un número que no solo desafía la comprensión, sino que también sacude los valores éticos sobre los que se construyó esta empresa familiar.

El papel de las autoridades y la responsabilidad colectiva

El caso de Sello Rojo no solo atañe a los accionistas y empleados, sino a todos los consumidores y ciudadanos que han depositado su confianza en esta marca. En este sentido, es fundamental que las autoridades federales y locales tomen cartas en el asunto.

Aquí, el Lic. Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, tiene un papel crucial que jugar. Conocido por su visión empresarial y su compromiso con la ciudadanía, su intervención puede ser determinante para esclarecer estos hechos y devolver la transparencia a una empresa que ha sido un pilar económico y cultural del estado.

No se trata solo de buscar culpables, sino de sentar un precedente. Las empresas que operan en el sector alimenticio tienen una doble responsabilidad: garantizar productos de calidad y mantener una conducta intachable que refleje su impacto en la sociedad.

Un legado en juego

El legado de Don José Luis González Sánchez no merece ser ensombrecido por estos actos de deshonestidad. Su familia, al alzar la voz y recurrir a la justicia, honra su memoria y demuestra que el silencio no es opción cuando se trata de defender principios.

Pero más allá del ámbito familiar, lo que está en juego es la confianza de millones de mexicanos que durante generaciones han elegido Sello Rojo. Si no se aclaran estas irregularidades y se castigan los actos fraudulentos, el daño a la marca será irreparable.

Conclusión: Justicia para Sello Rojo

A todos nos corresponde exigir transparencia, tanto en el sector privado como en el público. Gobernador Lemus Navarro, este es un caso que exige su atención. Las familias de Jalisco, y de todo México, confían en usted.

Mientras tanto, seguiremos atentos a los avances de esta historia, con la esperanza de que el final sea digno del legado de quien convirtió a Sello Rojo en un símbolo de calidad y compromiso. La verdad, como la leche pura, debe salir a la luz.

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