La Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó distintas irregularidades de control interno en Liconsa, S.A. de C.V durante el ejercicio fiscal 2023, correspondientes al pago del subsidio de Precios de Garantía para leche, que el año pasado ascendió a 1.3 mil millones de pesos, y resolvió que la dependencia “no cuenta con un proceso debidamente documentado” en ese rubro.
De acuerdo con la cédula definitiva de la auditoría interna a dicho organismo, con el número 2024-08VST-OICE-AUD-001, a la cual Reversos tuvo acceso, Liconsa incumplió con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFRH), ya que “no generó una subcuenta específica para el registro y control del subsidio”.
La Tesorería de Liconsa, en cambio, sólo registró en una cuenta concentradora los recursos que le fueron transferidos por Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana) para el pago del subsidio en el ejercicio fiscal 2023, que ascendieron a 1.3 mil millones de pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del año pasado.
Los resultados del acto de fiscalización, que fueron entregados a funcionarios de Liconsa y Segalmex el pasado 27 de marzo y que tienen que ser solventados a más tardar el 3 de junio, subrayan que Liconsa incumplió la LFRH, que establece que “los recursos se identificarán específicamente en una subcuenta, misma que deberá reportarse en los informes trimestrales, identificando los ingresos”, e “incluyendo rendimientos financieros del periodo, egresos, así como su destino y el saldo”.
En la Cuenta Pública 2020, correspondiente al segundo año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 8.6 mil millones de pesos en las empresas paraestatales Segalmex, Liconsa y Diconsa. En Liconsa las anomalías fueron por un monto de 1.5 mil millones de pesos.
El acto de fiscalización también señala que Liconsa tuvo “deficiencias y falta de transparencia en la identificación del monto del subsidio, toda vez que, en el convenio de colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios para la ejecución de precios de garantía a productos alimentarios básicos para el ejercicio fiscal 2023, celebrado entre Liconsa y Segalmex, no se identifica el concepto y monto del subsidio que se pagará al productor”.
Únicamente -añade la auditoría- “se señala el precio base por litro de leche, los nombres y montos a pagar de los estímulos de leche, así como el estímulo por permanencia”.
La Cláusula Cuarta del convenio de colaboración entre Liconsa y Segalmex puntualiza que “el importe a pagar por cada litro de leche es de hasta $10.60. El importe por cada litro de leche acopiado será facturado por el productor”.
Así, según dicho convenio, “el importe fijo que se pagará por cada litro de leche con los recursos transferidos a Liconsa del programa presupuestario S290 ‘precios de garantía a productores alimentarios básicos’ será de $2.00 pesos”, mientras que “el importe que se pagará con recursos del programa presupuestario B004 ‘adquisiciones de leche nacional’, a cargo de Liconsa, será de hasta $8.60 pesos, incluidos los estímulos de calidad”.
Al respecto, la Función Pública resolvió en el acto de fiscalización que “la Gerencia de Liconsa libera los recursos a las Plantas y Centros de Trabajo incumpliendo el artículo 175 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”.
Dicha norma establece que “los subsidios se considerarán devengados una vez que se haya constituido la obligación de entregar el recurso al beneficiario por haberse acreditado su elegibilidad antes del 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal”.
También se detectó que los procesos de control interno en el pago de subsidios a lecheros contravienen lo dispuesto en el artículo 2 de las Reglas de Operación del Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos 2023, ya que “es estas se señala que el pago del precio de garantía estará en función de la disponibilidad presupuestal y se hará de manera directa y sin intermediarios a cada uno de los productores beneficiarios”.
Por el contrario –establece la auditoría– “se desconoce cómo fue la afectación y/o registro de los pagos del subsidio”.
Otra irregularidad hallada por la SFP fue que los Centros de Trabajo solicitan notas de crédito a los productores que han recibido el subsidio, “contraviniendo lo dictado en el quinto y sexto párrafo del artículo 90 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, en el que se señala que no se considerarán ingresos los apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través de programas previstos en los presupuestos de egresos de la Federación o de las entidades federativas”.
“Para el caso de que los recursos que reciban los contribuyentes se destinen al apoyo de actividades empresariales, los programas correspondientes deberán contar con un padrón de beneficiarios; los recursos se deberán distribuir a través de transferencia electrónica de fondos a nombre de los beneficiarios”.
La Función Pública, incluso, detectó que “las debilidades de control interno identificadas en el proceso del ejercicio fiscal 2023 continúan con las mismas inconsistencias en el 2024. Tan es así que, en las primeras semanas del 2024, la entidad (Liconsa) pagó el subsidio de precios de garantía y, además, no se cuenta con el instrumento jurídico en el que se delimiten los tramos de responsabilidad y facultades”.
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