En términos financieros, la operación representa un esfuerzo conjunto de gran calado, con una inversión combinada entre el Gobierno Federal y el Estado de Sinaloa. Tan solo la administración estatal destinará 20 millones de pesos para asegurar la viabilidad de estos centros de acopio. Este respaldo económico subraya el compromiso de las autoridades por blindar la actividad pecuaria frente a las fluctuaciones del mercado global.

Uno de los beneficios más disruptivos de esta medida es la implementación de un precio de garantía por parte de Liconsa, lo que actuará como un mecanismo regulador en la región. Al ofrecer un valor justo y directo al productor, se pretende evitar que el precio pagado al ganadero sufra caídas drásticas, garantizando una base de rentabilidad que actualmente depende de la dinámica de los compradores industriales.

Actualmente, los productores afiliados a la Unión Ganadera Regional de Sinaloa (UGRS) reciben de la industria privada entre 11 y 12 pesos por litro, una de las tarifas más altas del país. Con la entrada de Liconsa y sus nuevos centros de acopio, el sector lácteo sinaloense no solo busca mantener estos niveles competitivos, sino también robustecer la seguridad comercial de los pequeños y medianos productores de la cuenca lechera.