El argumento central de los ganaderos radica en que la leche en polvo importada actúa como un ancla económica que deprime el valor del lácteo nacional, independientemente de su calidad. A pesar de los esfuerzos del productor primario por mejorar la eficiencia y la inocuidad, no pueden competir contra el volumen y los precios de dumping del mercado internacional. Por ello, la imposición de un arancel estratégico es vista no solo como una medida proteccionista, sino como una herramienta necesaria para equilibrar la cancha comercial y asegurar un precio de compra justo que garantice la rentabilidad.

Para la economía láctea, la actual política de libre importación fomenta una peligrosa dependencia externa de un alimento esencial. La leche en polvo que ingresa al país es utilizada masivamente por la industria procesadora para la elaboración de diversos productos lácteos y sus derivados, lo que reduce la demanda de leche cruda nacional. Los productores demandan que las empresas procesadoras prioricen la materia prima local y que el Gobierno Federal aplique políticas que favorezcan la autosuficiencia alimentaria sobre el ingreso masivo de commodities.

La demanda de aranceles viene acompañada de la solicitud de una mayor transparencia y regulación en el uso de la leche en polvo en la industria alimentaria. Los ganaderos exigen controles estrictos contra el fraude y el etiquetado engañoso, donde productos elaborados con sólidos lácteos importados se comercializan como si fueran hechos con leche fresca nacional. La defensa del consumidor y del productor se entrelazan en la necesidad de asegurar la trazabilidad y la calidad del producto final.