La ola de robos de ganado, una problemática que ha escalado, representa pérdidas directas y millonarias para los productores, quienes ven desaparecer su patrimonio y el fruto de años de inversión. A esto se suma el impacto devastador de la sequía, que reduce drásticamente la disponibilidad de pastos y agua, forzando a los ganaderos a incurrir en costos exorbitantes por alimento suplementario o, en el peor de los casos, a vender sus hatos a precios irrisorios, comprometiendo el futuro de la industria láctea y cárnica.

Además, la contaminación ambiental, ya sea por fuentes industriales o agrícolas, está deteriorando la calidad del suelo y el agua, afectando la salud del ganado y la productividad de las tierras. Esta situación se agrava con la percepción de actos de corrupción, que obstaculizan la aplicación de la ley y la implementación efectiva de políticas de apoyo o mitigación, dejando a los ganaderos en una situación de indefensión y desesperanza.

Para el sector lechero en particular, estos factores combinados se traducen en una disminución de la producción, un aumento de los costos operativos y una mayor vulnerabilidad frente a las fluctuaciones del mercado. La rentabilidad se ve seriamente comprometida, y la inversión en mejoras tecnológicas o genéticas se vuelve un lujo inalcanzable para muchos, ralentizando el desarrollo y la modernización de la producción de leche en la región.