La falta de rentabilidad es el principal problema que enfrentan los productores de leche. Con el encarecimiento de insumos básicos como el forraje, la energía y los medicamentos, el precio que las pasteurizadoras pagan por la leche cruda ha dejado a los ganaderos con márgenes de ganancia mínimos o incluso negativos. La intervención del gobierno busca corregir este desequilibrio, asegurando que los productores puedan continuar con su actividad de forma sostenible.

El compromiso del gobierno de Sinaloa también es una señal para las empresas lácteas de que la sostenibilidad de la cadena de suministro no solo depende de la eficiencia, sino también de la equidad. Un trato justo para los productores es fundamental para garantizar la producción de leche a largo plazo. Si los ganaderos no obtienen un precio adecuado, pueden verse forzados a dejar la actividad, lo que a la larga afectaría la disponibilidad de materia prima para la industria.

Desde la perspectiva de la economía lechera, la negociación es una oportunidad para encontrar un equilibrio beneficioso para todas las partes. Un acuerdo que aumente el precio de la leche en el campo podría revitalizar el sector agropecuario de la región, incentivando la inversión en las granjas y mejorando la calidad de vida de los productores. Es un ejemplo de cómo el diálogo entre los sectores público y privado puede generar resultados positivos.