El mecanismo fraudulento involucró a dos empresas clave que aprovecharon contratos irregulares para desviar recursos públicos destinados al programa social lácteo. Segalmex otorgó contratos irregulares y simulados a las empresas Comercializadora de Productos Lácteos de La Laguna S.A. de C.V. (Coprolac) y Grupo Vicente Suárez 73, las cuales recibieron pagos por 1,228.4 millones y 488.6 millones de pesos respectivamente, sin cumplir con los servicios contratados. Estas transferencias fueron posteriormente trianguladas a través de múltiples empresas para simular legalidad.

La operación fraudulenta se basó en contratos para el procesamiento y enriquecimiento de leche líquida proporcionada por Liconsa. Se supone que aquellas dos firmas debían enriquecer la leche, previamente entregada por Liconsa en un acuerdo de coproducción, con distintos nutrientes, como vitaminas A y D3, además de deshidratarla y volver la presentación en polvo. Sin embargo, ninguna de las empresas contratadas tenía la experiencia técnica necesaria para realizar estos procesos, subcontratando servicios que nunca fueron entregados a Liconsa.

El fraude se originó a partir de una decisión política aparentemente bien intencionada del gobierno mexicano. Los problemas de la leche iniciaron en el sexenio de López Obrador, quien ordenó dejar de comprar leche importada, para, en su lugar, adquirirla de productores nacionales. Esta política proteccionista creó vulnerabilidades en el sistema de abastecimiento, ya que México no es autosuficiente en producción láctea, permitiendo que algunos proveedores hicieran pasar leche importada como nacional y facilitando las operaciones fraudulentas.