La preocupación de los ganaderos chihuahuenses se centra en cómo la reforma podría afectar sus derechos de agua ya concesionados y los mecanismos de distribución equitativa entre los distintos usuarios. La producción lechera es una actividad de alto consumo hídrico, no solo para el ganado en sí, sino también para el riego de forrajes y la limpieza de los establos. Por lo tanto, cualquier cambio regulatorio que introduzca ambigüedad o restricciones inesperadas podría paralizar la inversión y el crecimiento en la principal cuenca lechera de México.

Los productores no solo buscan protección legal, sino también ser actores activos en la construcción de la nueva legislación. Demandan que la reforma incorpore soluciones tecnológicas y de gestión que premien la eficiencia en el uso del agua e incentiven la captación y el reciclaje hídrico. La ganadería chihuahuense necesita políticas de agua que reconozcan su rol en la seguridad alimentaria y que, al mismo tiempo, promuevan prácticas de riego inteligente para reducir la presión sobre los mantos acuíferos.

El diálogo entre el sector agropecuario y las autoridades hídricas es fundamental para evitar que la incertidumbre legal se traduzca en una crisis productiva. Una ley clara y consensuada es esencial para que los productores lecheros puedan planificar sus inversiones a largo plazo en infraestructura hídrica y tecnificación de riego. La falta de una base legal sólida sobre el acceso al agua pone en riesgo la estabilidad de la oferta de leche cruda y la rentabilidad de las granjas.