La leche en polvo importada actúa como un colchón de oferta que, si no está debidamente regulado, presiona a la baja los precios que reciben los ganaderos locales por su leche fresca. Esta dinámica perjudica especialmente a los pequeños y medianos productores, quienes tienen menor capacidad de negociación y son más vulnerables a los cambios en el mercado. La solicitud de aranceles es vista por el sector como un mecanismo de defensa comercial legítimo para restablecer el equilibrio competitivo y proteger la inversión en la ganadería lechera nacional.

La decisión de imponer aranceles es una medida de política pública compleja que implica un delicado equilibrio entre la protección al productor primario y la garantía de un precio accesible para el consumidor y la industria procesadora. Si bien los aranceles benefician al ganadero al elevar el precio de la leche importada, también podrían generar una inflación en el costo de los lácteos o perjudicar a las grandes procesadoras que dependen de la leche en polvo como materia prima de bajo costo para ciertos productos.

La demanda de los ganaderos de Sinaloa se sustenta en la necesidad de asegurar la soberanía alimentaria de México. Argumentan que depender excesivamente de las importaciones genera una fragilidad estructural ante crisis internacionales o fluctuaciones geopolíticas. Al fortalecer la producción interna mediante medidas de protección comercial, el país se vuelve más autosuficiente y menos susceptible a los shocks de precios en el mercado global, una lección clave para toda la agroindustria de América Latina.