El acuerdo establece mecanismos de coordinación para incrementar la disponibilidad de leche nacional, priorizando la participación de productores organizados. Con ello se pretende mejorar la planeación productiva, asegurar canales de comercialización estables y respaldar ingresos en las unidades ganaderas, especialmente en regiones con mayor vocación lechera.

Dentro de la estrategia, las autoridades plantean impulsar condiciones que favorezcan la productividad, la sanidad y la eficiencia en la cadena de valor. Esto incluye acompañamiento técnico, fortalecimiento organizativo y acciones orientadas a sostener la oferta frente a variaciones del mercado o desafíos climáticos que afectan la producción primaria.

Asimismo, el convenio refuerza el papel social del programa de abasto, al vincular la política alimentaria con el desarrollo rural. Garantizar leche accesible para sectores vulnerables se convierte, en este contexto, en una herramienta simultánea de nutrición pública y dinamización económica para miles de productores.