Los datos duros aportados por la gobernadora detallan que, tras sostener comunicación con Leonel Cota Montaño, director nacional del programa, se detectaron anomalías específicas en 39 expedientes de un padrón de 288 productores registrados en el estado. Las inconsistencias detectadas están vinculadas a la asignación de códigos de entrega y a presuntos flujos irregulares del volumen físico recolectado. Frente a los reclamos del sector, la jefa del ejecutivo veracruzano aclaró que el resto de los ganaderos formalizados continúa colocando su materia prima de manera normal y bajo los precios vigentes en los centros de acopio.

Las fricciones comerciales se agudizaron a partir de mayo y alcanzaron su punto más crítico el pasado 9 de junio, cuando un contingente de inconformes bloqueó el centro de Xalapa y derramó litros de leche en la vía pública como medida de presión. Mientras los manifestantes aseguraban que la suspensión afectaba a más de 200 operadores de las cuencas locales, los informes oficiales acotaron el problema a una fiscalización administrativa rigurosa. Estas acciones de protesta civil evidencian la alta vulnerabilidad del flujo de caja en el corral cuando se interrumpen los canales institucionales de comercialización.

Para desactivar el conflicto y blindar la transparencia de la cadena agroindustrial, las autoridades federales iniciaron un esquema de verificaciones técnicas directamente en el campo. Los inspectores y asesores zootecnistas concluyeron un censo físico en cada unidad de producción afectada para constatar que el inventario de vacas en ordeña corresponda estrictamente con los volúmenes de entrega declarados. Esta pauta regulatoria busca erradicar de forma definitiva las prácticas de “coyotaje” o intermediarismo ilegal, garantizando que el subsidio gubernamental beneficie al verdadero productor lechero.