El responsable inhabilitó el GPS de dos remolques tipo pipa de una empresa comercializadora para desviar y vender el cargamento en un taller clandestino.
Un juez de Control dictó una sentencia superior a los siete años de prisión y el pago de casi 500 mil pesos por concepto de multa y reparación del daño contra Jorge Armando Carlos Esquivel, hallado penalmente responsable del delito de robo agravado. El caso penal se derivó de la sustracción ilícita de dos remolques tipo pipa cargados con más de 47 mil litros de leche fluida e insumos lácteos, cometida en perjuicio de la empresa Comercializadora de Lácteos en la región de La Laguna.
De acuerdo con la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), los hechos se registraron en las inmediaciones del Parque Industrial de Gómez Palacio, sobre el bulevar Armando del Castillo Franco. El sentenciado arribó al exterior de la planta a bordo de un tractocamión para enganchar los dos contenedores cisterna —que transportaban 47 mil 520 litros de leche y tarimas con un valor estimado en 467 mil 664 pesos— e inhabilitó los dispositivos de rastreo satelital (GPS) para consumar la fuga.
Tras burlar los controles de monitoreo, el camión fue conducido hacia un taller de soldadura ubicado en el ejido Pastor Rouaix, en el mismo municipio, donde la materia prima fue comercializada de manera clandestina entre distintas personas. Las indagatorias ministeriales permitieron ubicar el destino del producto e identificar a otros tres cómplices involucrados en la logística del hurto —entre ellos el presunto propietario del tractocamión—, contra quienes existen órdenes de aprehensión vigentes.
El proceso penal visibiliza los desafíos de seguridad patrimonial y control logístico que enfrenta la agroindustria láctea en la cuenca lechera de La Laguna. La vulnerabilidad de los transportes de carga a granel en horarios nocturnos y parques industriales exige el reforzamiento de protocolos de custodia satelital inalterables, cámaras de vigilancia y una mayor coordinación interinstitucional para evitar la comercialización informal de alimentos en mercados no regulados.
El sentenciado purgará su condena recluido en las instalaciones del Centro de Reinserción Social Número Uno, en la ciudad de Durango. La resolución judicial sienta un precedente importante en la sanción del robo de materias primas agropecuarias, brindando certidumbre jurídica a las empresas transportistas y comercializadoras de lácteos que operan en los corredores productivos del norte de México.
Fuente: El Sol de La Laguna
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