Tras desbloquear la carretera 45 en Meoqui, el gremio viajará a la capital para exigir el ajuste por inflación al precio del litro, pagos puntuales cada ocho días y la transferibilidad familiar de los códigos de acopio.
Un total de 37 millones 365 mil pesos correspondientes a liquidaciones rezagadas fue dispersado por el programa federal Leche para el Bienestar (anteriormente Liconsa) a pequeños productores del sector social en la región centro-sur de Chihuahua. El pago se concretó luego de que los ganaderos se movilizaran y bloquearan el tránsito en la carretera federal 45 a la altura de Meoqui, como respuesta a un retraso de dos semanas en el cobro de sus entregas que mantenía asfixiada la liquidez y operatividad de los hatos familiares en la cuenca.
Santos Anchondo, productor representativo de Meoqui, confirmó que los fondos fueron transferidos tras la toma de la vía, desestimando de forma tajante que la protesta respondiera a intereses o señalamientos de oportunismo político. El vocero pecuario argumentó que la movilización obedeció a una estricta urgencia de subsistencia económica, ya que la administración federal pretendía postergar los pagos casi una semana más, lapso inviable para los establos que requerían comprar pasturas de manera diaria para el ganado y atender las necesidades de alimentación, salud y educación de sus familias.
Con el adeudo saldado de forma emergente, una comitiva de productores viajará este miércoles a la Ciudad de México para sostener mesas de negociación con directivos de Leche para el Bienestar, con el objetivo primordial de demandar un incremento formal en el precio del litro de leche alineado a la inflación. En la actualidad, el esquema gubernamental retribuye una base de 7.05 pesos por litro más un subsidio de 4.45 pesos —totalizando un precio de garantía de 11.50 pesos—, tarifa que los ganaderos califican de insuficiente al permanecer estancada desde hace dos años frente a un alza sostenida en los insumos forrajeros y la energía eléctrica.
A la agenda económica en la capital se sumará una petición prioritaria orientada a la seguridad jurídica y el relevo generacional: la autorización para que los códigos de entrega en los centros de acopio puedan ser heredados directamente a los hijos. Los inconformes explicaron que la normatividad vigente deja en el desamparo financiero a las familias de los beneficiarios cuando el titular del registro fallece, ya que pierden el código para entregar el lácteo en las plantas oficiales y se ven obligados a rematar sus animales o recurrir a intermediarios informales.
Finalmente, los ganaderos chihuahuenses insistieron en que la certidumbre operativa de la principal cuenca lechera del norte depende de que el gobierno federal formalice un calendario estricto de liquidaciones semanales, con dispersión puntual cada ocho días. El gremio subrayó que una comunicación transparente y el respeto riguroso a los tiempos de pago son indispensables para frenar la quiebra de unidades familiares, preservar el empleo rural y evitar nuevas movilizaciones en las carreteras del estado.
Fuente: El Heraldo de Chihuahua
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