La cuenca lechera poblana articulaba en esa época a importantes núcleos ganaderos distribuidos en valles estratégicos como Cholula, Atlixco, San Martín Texmelucan y Tehuacán, zonas que abastecían de manera continua a la capital del estado. Los pequeños ganaderos sostenían hatos con un valor promedio de mil 500 pesos por vientre productivo, además de mantener inversiones agrícolas del orden de dos mil pesos por hectárea cultivada de pasturas. La logística tradicional dependía enteramente de los boteros y repartidores en ruta matutina, quienes aseguraban la entrega inmediata de la leche fluida desde los establos periféricos hasta los hogares poblanos sin intermediación industrial. Al decretarse la obligatoriedad del tratamiento térmico sin contemplar plazos de transición técnica, los establos quedaron desprovistos de infraestructura propia de enfriamiento y pasteurización para responder a las exigencias sanitarias gubernamentales.

A nivel comercial y de precios al consumidor final, la venta directa permitía colocar el litro de leche en 1.50 pesos a domicilio, 1.40 pesos en expendios locales y 1.30 pesos directamente en corral. Con la entrada en vigor de la exclusividad para la planta industrial, los análisis del sector estimaban un incremento superior al 30% en el precio final al público, replicando cotizaciones elevadas de hasta 2.20 pesos observadas en cuencas del centro del país. Esta distorsión encarecía drásticamente el acceso a un alimento básico para las familias de menores ingresos, al tiempo que reducía el margen de ganancia transferido al ganadero primario por cada litro entregado en rampa. La resistencia comercial escaló rápidamente hacia paros de distribución, jornadas masivas de reparto gratuito a la población y el desecho forzado de volúmenes en alcantarillas como mecanismo de protesta contra el control monopólico de la cadena.

Para contrarrestar la concentración del mercado y preservar el valor agregado en origen, las organizaciones de productores gestionaron un crédito por cinco millones de pesos ante el Banco Nacional de Fomento Cooperativo para construir su propia planta procesadora. Este proyecto cooperativo buscaba industrializar de manera autónoma los 100 mil litros diarios de la cuenca, blindando a los socios frente a los precios de castigo y capitalizando la rentabilidad del envasado. Sin embargo, la celeridad con que el Congreso local aprobó la ley sin discusión técnica profundizó las asimetrías regulatorias e impidió la consolidación oportuna de la infraestructura gremial. Las federaciones obreras y campesinas respaldaron la postura técnica de los lecheros, argumentando que las políticas de inocuidad y salud pública debían promoverse mediante financiamiento accesible y no a través de instrumentos legales diseñados para capturar la renta ganadera.