Tras semanas de incertidumbre, los lecheros de Valle de Santiago reciben pagos pendientes de la paraestatal para aliviar su liquidez operativa.
Los lecheros de Valle de Santiago comenzaron a recibir la dispersión de sus recursos retenidos luego de varias semanas de retrasos críticos por parte de Leche para el Bienestar, organismo anteriormente identificado como Liconsa. La liberación de estos fondos representa un respiro financiero indispensable para los pequeños y medianos ganaderos del centro de Guanajuato, quienes acumulaban facturas vencidas bajo el esquema de precio de garantía fijado en 11.50 pesos por litro. Este rezago administrativo formaba parte de una contingencia presupuestaria federal que llegó a comprometer más de 500 millones de pesos a nivel nacional, impactando directamente en cuencas lecheras de Jalisco, Chihuahua, Chiapas y el Bajío. Con la acreditación de las transferencias bancarias en las cuentas de los productores locales, se desactiva provisionalmente el riesgo de movilizaciones en carreteras y centros de acopio regionales. Las organizaciones gremiales confirmaron que el flujo de capital comenzó a regularizarse de manera progresiva durante las últimas horas, permitiendo saldar deudas inmediatas con proveedores de insumos forrajeros.
El municipio de Valle de Santiago alberga uno de los tres centros de acopio estratégicos que la empresa estatal opera en el estado de Guanajuato, junto con las instalaciones de San Felipe y Juventino Rosas. A través de este punto receptor se canalizan diariamente miles de litros de leche cruda provenientes de hatos familiares y explotaciones semiintensivas del Bajío guanajuatense. El manejo de la leche fluida demanda estrictas pautas de conservación térmica a cuatro grados centígrados para sostener los niveles óptimos de acidez, grasa butírica y proteína exigidos por las normas de calidad institucional. Durante el periodo de impago, los establos debieron mantener activas las salas de ordeño mecanizado y los tanques de enfriamiento sin interrumpir el suministro regular cada setenta y dos horas. La preservación de esta infraestructura colectiva resulta vital para que los más de 140 ganaderos empadronados en la entidad no queden a expensas de intermediarios informales ni sufran el colapso de sus sistemas de frío.
La interrupción en la cobranza institucional había comenzado a distorsionar la comercialización regional, orillando a algunos hatos a colocar excedentes en queserías artesanales a precios de castigo inferiores a sus costos de equilibrio. En el mercado abierto del Bajío, los compradores privados suelen pagar tarifas deprimidas durante las épocas de alta oferta forrajera, lo que ensancha la brecha frente a la cotización oficial de 11.50 pesos. Por ello, el canal de acopio gubernamental funciona como el principal ancla de valor para evitar la quiebra de corrales que manejan hatos de diez a cuarenta vacas en ordeño. Paralelamente, la proliferación de sucedáneos lácteos formulados con grasas vegetales ejerce una presión desleal sobre las cuencas del centro del país, restando espacio comercial a la leche genuina de vaca. La reanudación efectiva de los pagos institucionales restaura la estabilidad del mercado formal y devuelve competitividad a los ganaderos frente a los canales especulativos locales.
La estructura de costos en los establos de Guanajuato enfrenta un panorama sumamente complejo derivado del encarecimiento continuo de ensilados de maíz, alfalfa henificada y concentrados proteicos. La alimentación del ganado absorbe hasta el 70% del valor total de cada litro producido, lo que deja a los productores sin margen de maniobra cuando las liquidaciones semanales se postergan más de quince días. A este factor se suman los incrementos en tarifas de energía eléctrica para bombeo de agua y los gastos fijos en medicamentos veterinarios para el control de mastitis y salud reproductiva. La falta de liquidez obligó a varios ganaderos a recurrir al endeudamiento con casas comerciales de forrajes o a vender cheques con altas tasas de descuento en el mercado financiero informal. El depósito de los adeudos permite frenar la descapitalización de las unidades pecuarias y evita el descarte prematuro de vientres de alto potencial genético en subastas de carne.
Pese al alivio generado por la liquidación de los saldos pendientes, los lecheros del Bajío demandan el establecimiento de un calendario estricto que garantice la puntualidad de las transferencias en los ciclos venideros. Los dirigentes del sector señalaron que la viabilidad del programa de abasto social depende de una relación contractual transparente que brinde certidumbre a los ganaderos que abastecen a la población vulnerable. La meta del gobierno federal de expandir el padrón de beneficiarios a diez millones de personas hacia 2030 requerirá incorporar a más establos y blindar las partidas presupuestarias de compra de materia prima nacional. De no asegurarse una dispersión financiera ágil y sin rezagos burocráticos, el campo mexicano difícilmente podrá avanzar hacia la autosuficiencia lechera proyectada en las directrices de soberanía alimentaria. La continuidad de los ordeños diarios en Valle de Santiago ratifica que el compromiso de los productores con el abasto nacional debe ser correspondido con certidumbre económica permanente en sus liquidaciones.
Fuente: Periódico Correo
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