Organizaciones agropecuarias de EE. UU. exigen fijar precios mínimos de la leche y regular la oferta para salvar a las granjas familiares.
Un bloque integrado por la Coalición Nacional de Agricultura Familiar y otras 87 organizaciones campesinas y ambientalistas intensificó su presión sobre el Congreso de Estados Unidos para aprobar con carácter de urgencia la denominada Ley de Leche de Explotaciones Familiares (iniciativa S. 4906). El proyecto legislativo, presentado ante el Senado estadounidense por el legislador demócrata Peter Welch y el independiente Bernie Sanders, busca establecer un marco regulatorio obligatorio que determine precios mínimos de liquidación al ganadero basados en los costos reales de producción y fije topes por tamaño de hato. A través de una misiva remitida a la Comisión de Agricultura de la Cámara Alta, los gremios advirtieron que los esquemas actuales de mercado han mantenido las liquidaciones por debajo de los costos operativos durante décadas, orillando a miles de pequeños establos a la quiebra financiera y acelerando una concentración corporativa sin precedentes en la industria lechera norteamericana.
En el aspecto zootécnico y operativo de los corrales, la transformación del sector lácteo estadounidense ha desplazado de forma acelerada a los modelos tradicionales. Mientras en 1980 operaban cerca de 200,000 establos independientes en el territorio estadounidense, para el cierre de 2025 el registro oficial cayó a unos 23,600 establecimientos activos, lo que representa la pérdida de casi dos tercios de los hatos con licencia en tan solo dos décadas. En las explotaciones familiares que aún sobreviven, mantener estándares sanitarios rigurosos como la prevención de mastitis ambiental, la higiene en salas de ordeño y el enfriamiento inmediato del producto crudo a cuatro grados centígrados en tanques termos de acero inoxidable exige inversiones de capital inasumibles con las tarifas actuales. La propuesta de ley plantea que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) supervise cuotas de producción asignadas por establecimiento y sancione económicamente a los megaestablos intensivos que sobrepasen los volúmenes permitidos, evitando sobreofertas que desplomen la cotización del fluido e impidan amortizar los requerimientos de inocuidad y bienestar animal.
Desde el punto de vista comercial e industrial, la discusión legislativa en el Capitolio enfrenta posturas antagónicas entre las comunidades rurales y los grandes consorcios procesadores. La iniciativa cuenta con el rechazo abierto de la Federación Nacional de Productores de Leche (NMPF) y de las multinacionales exportadoras, que defienden la libre fluctuación de precios para sostener la competitividad de las plantas de secado por aspersión y concentrados de proteína de suero en los mercados globales. Esta sobreproducción a bajo costo en el mercado interno estadounidense termina distorsionando el comercio internacional hacia países deficitarios como México. La industria agroalimentaria mexicana absorbe anualmente cientos de miles de toneladas de leche en polvo descremada y sueros deshidratados subsidiados que se destinan a la formulación masiva de productos sucedáneos, quesos análogos y bebidas combinadas con grasas vegetales de palma, compitiendo de manera desleal contra la leche 100% pura cosechada por los ganaderos mexicanos en cuencas como Los Altos de Jalisco, La Laguna y el Bajío.
La viabilidad financiera de las granjas familiares lecheras enfrenta una compresión extrema de márgenes debido a la rigidez de sus costos fijos y el encarecimiento de los insumos agropecuarios. En los establos de pequeña y mediana escala, el rubro de alimentación del ganado vacuno —basado en ensilados de maíz, heno de alfalfa y concentrados proteicos— representa más del 70% del costo operativo corriente por cada litro ordeñado. Al no contar con esquemas de precios que reconozcan estas variaciones y el impacto de los combustibles y la energía eléctrica, los productores acumulan pasivos bancarios que les impiden remunerar adecuadamente la mano de obra rural o adoptar tecnologías sustentables para la gestión de efluentes y excretas. La fijación de precios mínimos escalonados permitiría inyectar liquidez inmediata a las cuentas corrientes de los ranchos, garantizando que el pago a pie de corral cubra la amortización de créditos y devuelva la rentabilidad a los productores independientes.
El debate legislativo en Washington representa un llamado de atención estructural para el diseño de políticas públicas ganaderas en todo el continente americano. Para el sector agropecuario de México, la regulación de la oferta y la rentabilidad primaria en Estados Unidos constituye un factor determinante para calibrar las importaciones de insumos lácteos deshidratados y blindar las compras sociales de programas como Leche para el Bienestar. Resulta imprescindible que los comités de fomento pecuario y los legisladores de la región fortalezcan mecanismos de precio compensatorio y normas estrictas de etiquetado que impidan el desplazamiento de la leche fresca pasteurizada frente a fórmulas adulteradas de bajo costo. El reclamo de los productores lecheros estadounidenses ratifica que garantizar ingresos justos a pie de corral y frenar la especulación de las grandes corporaciones son condiciones indispensables para proteger el tejido social campesino y salvaguardar la soberanía agroalimentaria en la región.
Fuente: Cadena Política
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