Auditorías federales revelaron dispersiones millonarias a personas fallecidas y compras de leche sin comprobar en Leche del Bienestar.
Los informes de la Auditoría Superior de la Federación correspondientes a la fiscalización del gasto público documentaron graves inconsistencias administrativas y financieras en las operaciones de compra de materia prima ejecutadas por Leche del Bienestar. El dictamen técnico identificó la dispersión irregular de transferencias presupuestarias hacia cuentas asociadas a personas fallecidas que figuraban activas en los padrones de proveedores pecuarios. Asimismo, la revisión contable confirmó pagos por más de 1,100 millones de pesos amparados en contratos de suministro que carecen de documentación comprobatoria que acredite el ingreso físico del alimento a las bodegas institucionales. Las auditorías constataron la ausencia sistemática de boletas de báscula certificadas, tickets de pesaje volumétrico y dictámenes analíticos de laboratorio indispensables para corroborar la calidad bromatológica de la materia prima. Este descontrol operativo compromete la justificación legal de las erogaciones federales destinadas a incentivar la producción nacional de leche bajo esquemas de precio preferencial.
Las anomalías detectadas por el órgano fiscalizador se concentraron principalmente en convenios suscritos con intermediarios y plantas procesadoras que operan centros de acopio privados en cuencas estratégicas del norte del país. En lugar de recibir y verificar la leche fluida en instalaciones oficiales equipadas con tanques termos continuos a cuatro grados centígrados, la paraestatal delegó la recepción física en empresas particulares sin supervisión de personal institucional. Esta omisión en las plataformas de descarga impidió auditar los rendimientos de grasa butírica y el destino comercial de los subproductos derivados del descremado industrial, como la crema y los sólidos no grasos. Por añadidura, la falta de controles microbiológicos y de recuento de células somáticas a pie de pipa vulneró la trazabilidad de los tanques colectivos de almacenamiento. La ausencia de protocolos rigurosos de inspección en rampa desarticuló los esquemas de inocuidad reglamentarios exigidos para la manufactura de derivados pasteurizados y deshidratados.
Estas irregularidades financieras salen a la luz pública en un momento de severa asfixia económica para los pequeños y medianos establos lecheros, a quienes se les impusieron recortes de cupos de hasta el 40% y retrasos prolongados en sus liquidaciones. Mientras la paraestatal canalizaba partidas presupuestarias multimillonarias sin sustento documental a través de contratos de maquila, los ganaderos familiares enfrentaron el rechazo sistemático de sus volúmenes en los centros de acopio. Al quedar despojados del precio de garantía institucional de 11.50 pesos por litro, cientos de establos se vieron forzados a colocar excedentes en queserías rústicas e intermediarios a precios de ruina de siete a ocho pesos. Esta sobreoferta forzada en canales informales deprime las cotizaciones zonales y agrava la competencia desleal de fórmulas combinadas y productos sucedáneos elaborados con grasas vegetales. El contraste entre los desvíos contables y la falta de liquidez en las salas de ordeña profundiza la incertidumbre comercial en las principales cuencas ganaderas.
La fuga de recursos públicos a través de intermediarios opacos representa un grave deterioro para la viabilidad de las unidades pecuarias, cuya estructura de costos resiente el encarecimiento estructural de los forrajes y granos energéticos. La alimentación del ganado absorbe entre el 68% y el 72% del presupuesto operativo total por cada litro extraído en corral, requiriendo un flujo de caja continuo para sostener la compra de ensilados de maíz, alfalfa henificada y concentrados proteicos. La desviación de partidas presupuestarias que debieron canalizarse hacia infraestructura de frío, silos forrajeros y fondos de contingencia para sequía dejó a los productores sin herramientas para mitigar la inflación agropecuaria. Al no disponer de créditos puente en la banca de desarrollo rural, los establos familiares agotaron sus líneas de financiamiento comercial con distribuidores de insumos agrícolas y medicina veterinaria. La insolvencia forzada derivada de la falta de pago institucional ha provocado el despoblamiento de corrales mediante la venta prematura de vientres productivos en subastas cárnicas.
La corrección de estas fallas operativas demanda una reestructuración integral de los mecanismos de compra gubernamental para asegurar que el presupuesto federal beneficie de manera directa y transparente al productor primario en establo. Las organizaciones ganaderas exigen la depuración inmediata de los padrones de proveedores, la calibración pública de básculas y la ejecución de auditorías forenses a los contratos de maquila para deslindar responsabilidades legales. Resulta indispensable restablecer calendarios confiables de recepción y transferencias bancarias semanales que brinden certidumbre comercial a los hatos familiares sin intermediarios ni discrecionalidades burocráticas. La reactivación efectiva de las compras públicas con apego estricto a las reglas de operación es la única vía para consolidar la soberanía agroalimentaria y evitar la quiebra de la lechería social. Solo mediante un ejercicio presupuestario transparente y riguroso será posible restituir la confianza gremial y garantizar el suministro de leche genuina hacia los programas de nutrición comunitaria de México.
Fuente: Saga Noticias
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