Según el informe, los manifestantes exigen ser reincorporados al padrón de proveedores de Liconsa, argumentando que la salida del programa afectó severamente sus ingresos y la estabilidad económica de numerosas familias rurales. Los productores sostienen que el sistema de compras gubernamentales resulta fundamental para sostener la actividad en regiones donde el mercado privado ofrece precios insuficientes o condiciones desfavorables.

La protesta también puso en evidencia la fragilidad económica que enfrenta parte de la cadena láctea mexicana. Los productores denunciaron que continúan aumentando los costos de alimentación, energía y operación, mientras los precios pagados por la leche permanecen presionados. En este contexto, desechar la producción fue utilizado como una señal de crisis y desesperación ante la falta de respuestas institucionales.

El artículo destaca que la situación genera preocupación sobre el impacto social y productivo en las zonas rurales de Veracruz. La exclusión de pequeños y medianos productores de los programas de compra pública puede provocar reducción de producción, cierre de unidades lecheras y pérdida de empleo vinculado a la actividad agropecuaria regional.