El origen del conflicto radica en la suspensión operativa del centro de acopio de Liconsa ubicado en el municipio de Naolinco, el cual recibía diariamente cerca de 15 mil litros de leche provenientes de pequeñas unidades de producción. De acuerdo con las pautas de las autoridades del programa federal Leche para el Bienestar, la clausura temporal se debió a observaciones en los componentes de las tuberías del recinto. Sin embargo, los ganaderos denuncian que esta interrupción se ejecutó de forma arbitraria y sin previo aviso, dejándolos desamparados.

Para el productor lechero de la zona, la paralización de la planta receptora representa un golpe devastador, ya que el excedente diario de la ordeña no puede almacenarse por tiempo prolongado sin sistemas de refrigeración masiva. Ante la falta de opciones, los afectados se han visto obligados a malbaratar el alimento con intermediarios informales, quienes castigan el precio pagando apenas entre 5 y 7 pesos por litro, una tarifa que no cubre los costos mínimos de operación en el corral.

Los asesores técnicos, médicos veterinarios y zootecnistas de la cuenca veracruzana advierten que esta situación pone en riesgo el estatus sanitario y la viabilidad del hato. Sin los ingresos regulados que ofrecía el organismo público, los ganaderos carecen del capital necesario para adquirir insumos básicos para el comedero, equilibrar las raciones energéticas y mantener los programas de medicina preventiva. Las pérdidas acumuladas amenazan con provocar el desecho anticipado de vacas útiles y el abandono de la actividad agroindustrial.