La principal inconformidad del productor lechero veracruzano radica en la asimetría de las compras públicas, señalando que la dependencia federal prioriza la adquisición de leche en polvo importada por encima del producto fresco local. Los manifestantes sostienen que el presupuesto destinado al bienestar social se fuga hacia el mercado internacional en lugar de inyectarse en las cuencas del país. Esta dinámica debilita la economía pecuaria regional y desincentiva la permanencia de las actividades productivas en zonas de alta tradición ganadera.

Para los médicos veterinarios, zootecnistas y asesores técnicos de la región, el rechazo sistemático del lácteo fluido en las ventanillas estatales impacta negativamente en la gestión de cada establo. La falta de un canal de distribución seguro impide costear los insumos esenciales para la nutrición bovina y mantener los estándares de medicina preventiva. Sin un precio de garantía real y efectivo que absorba los volúmenes diarios de la ordeña, resulta financieramente insostenible implementar mejoras tecnológicas en las unidades de producción.

Los líderes del sector agropecuario en la entidad advierten que las pérdidas económicas acumuladas están provocando el desmantelamiento de los hatos y la venta anticipada de vientres útiles para el rastro. La frustración del ganadero veracruzano es evidente al constatar que las promesas de soberanía alimentaria no se reflejan en las pautas de compra de la agroindustria estatal. Las exigencias burocráticas terminan orillando a los pequeños productores a caer en manos del intermediarismo informal, donde el valor de su trabajo es severamente castigado.