En el caso mexicano, las negociaciones sobre las barreras no arancelarias sufrieron estancamientos en las mesas técnicas y fueron escaladas por la representación comercial estadounidense (USTR) directamente ante la presidenta Claudia Sheinbaum. El embajador Jamieson Greer fijó 14 casos como prioritarios —enfocados en sectores estratégicos como minería, energía, telecomunicaciones y propiedad intelectual—, cuya resolución requerirá modificaciones legales que deberán ser procesadas y aprobadas por el Congreso de la Unión.

Frente a esta embestida diplomática y comercial, la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, ha asumido una postura caracterizada por la reacción. A diferencia de otros actores internacionales que han acudido a la OMC o han publicado defensas técnicas durante las audiencias del USTR sobre trabajo forzado y exceso de capacidad productiva, la representación mexicana ha evitado pronunciamientos públicos sobre su participación en dichos foros regulatorios en Washington.

Un aspecto crítico señalada por analistas es la falta de información oficial y la exclusión de las asociaciones industriales en la formulación de las estrategias de defensa. En contraste con la renegociación del TLCAN/T-MEC de 2018 —donde funcionó de manera coordinada el mecanismo del “cuarto de junto” con el sector privado—, la actual discrecionalidad genera especulación e impide construir una postura coordinada entre el gobierno y las cadenas productivas nacionales.