El desacuerdo bilateral se concentró en disputas estructurales históricas y exigencias regulatorias de última hora, entre las que destacan el acceso al protegido mercado lácteo canadiense, los cupos en la industria automotriz y los aranceles sobre el acero, el aluminio y la madera. Mientras el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, argumentó que las medidas buscan salvaguardar a los trabajadores y las cadenas de suministro locales, Carney denunció que Washington pretendía imponer restricciones inaceptables sobre la soberanía económica, cultural y la capacidad de Canadá para suscribir acuerdos comerciales con terceros países.

Para justificar la imposición de estas sobretasas tras los recientes fallos de la Corte Suprema estadounidense que limitaron sus facultades arancelarias extraordinarias, el gobierno republicano recurrió a la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930 (Smoot-Hawley). La invocación de este mecanismo legal de la época de la Gran Depresión —diseñado para penalizar a naciones que presuntamente discriminan a empresas estadounidenses— marca un precedente inédito en la diplomacia comercial y evidencia la ruptura de la cooperación tradicional a lo largo de una frontera por la que cruzan diariamente 2 mil millones de dólares en bienes.

En el plano económico, la confrontación generará presiones inflacionarias directas para los consumidores y las empresas de ambos lados de la frontera, en una relación bilateral cuyo intercambio anual ronda los 880 mil millones de dólares. Diversos organismos empresariales advirtieron que los importadores estadounidenses trasladarán los sobrecostos arancelarios al precio final de insumos y alimentos en un contexto de persistente malestar por el costo de vida, al tiempo que los exportadores canadienses enfrentarán barreras críticas en un mercado que absorbe el 72% de sus ventas externas.