La controversia entre los dos socios del norte ha escalado a raíz de las advertencias del gobierno estadounidense de aplicar medidas restrictivas y aranceles a importaciones canadienses —incluyendo derivados lácteos, bebidas alcohólicas y componentes industriales— como respuesta a la rígida administración de los cupos arancelarios de leche bajo el esquema canadiense de gestión de la oferta (supply management). Ante este escenario, Sheinbaum sostuvo que los diferendos específicos entre Washington y Ottawa deben canalizarse a través de las mesas técnicas y paneles de solución de controversias previstos en el propio marco legal del acuerdo, evitando que desemboquen en represalias que fragmenten el comercio norteamericano.

Para México, la estabilidad jurídica del T-MEC resulta un pilar indispensable para sostener los flujos de inversión extranjera directa, acelerar la relocalización de cadenas productivas (nearshoring) y garantizar previsibilidad a los sectores industriales y agroalimentarios. La cadena agropecuaria nacional, fuertemente articulada con el mercado norteamericano tanto en la exportación de hortalizas y frutas como en el abasto continuo de granos forrajeros y sólidos lácteos, requiere de un esquema trilateral sin aranceles ni barreras discrecionales para planificar sus ciclos productivos y resguardar la estabilidad en los costos de los alimentos básicos.

El pronunciamiento del gobierno mexicano adquiere particular relevancia táctica de cara al proceso de revisión formal del T-MEC previsto para 2026. Frente a voces proteccionistas que en Estados Unidos han insinuado la conveniencia de sustituir el convenio trilateral por tratados bilaterales fragmentados, la posición de México subraya que la fortaleza colectiva del bloque reside en mantener reglas de origen comunes, cadenas logísticas integradas y estándares compartidos que permitan hacer frente a la competencia de los mercados asiáticos.