De acuerdo con los señalamientos de especialistas en salud pública y organizaciones civiles, las empresas señaladas aplicaron estrategias como la reducción artificial en el tamaño de las porciones declaradas, la sustitución no informada con claridad de azúcares libres por mezclas de edulcorantes no calóricos y el uso de aditivos para enmascarar productos ultraprocesados. En el caso específico de las bebidas lácteas y yogures, se detectó la promoción de atributos saludables en empaques que ocultan formulaciones con escaso contenido de proteína de alto valor biológico y una presencia marginal de sólidos lácteos genuinos frente a ingredientes de relleno.

La denuncia adquiere relevancia prioritaria tras la entrada en vigor de los lineamientos conjuntos entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), orientados a erradicar la comida chatarra de los planteles de educación básica. Al eludir los sellos por exceso de azúcares, calorías o sodio mediante vacíos regulatorios, estos productos ingresan a los planteles bajo la falsa percepción de ser opciones aptas para el recreo escolar, neutralizando las políticas públicas diseñadas para contener las altas tasas de sobrepeso, obesidad y trastornos metabólicos tempranos en la niñez.

En el ámbito agroalimentario y de la cadena lechera nacional, la circulación de estos productos representa una distorsión comercial que afecta a los ganaderos y establos formales del país. Mientras los productores primarios invierten en sanidad, alimentación balanceada y cadena de frío para entregar leche fluida 100% de vaca rica en calcio y nutrientes esenciales sin aditivos, las fórmulas lácteas modificadas saturan los canales infantiles con sucedáneos de bajo costo productivo. Esta situación deprime la demanda de leche natural pasteurizada y desacostumbra el paladar de los menores respecto a los alimentos frescos y sin endulzantes.