Auditorías de la ASF y revelaciones periodísticas exponen desembolsos millonarios a proveedores no aptos, personas fallecidas y compras de leche sin sustento de recolección ni traslado.
Gregorio Chávez Treviño, quien asumió la delegación estatal de Liconsa en Chihuahua a finales de 2022 y es hermano de la senadora por Morena Andrea Chávez, quedó bajo el escrutinio público tras revelarse inconsistencias administrativas y financieras detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y una investigación de la periodista Peniley Ramírez. Los señalamientos apuntan a presuntos desvíos y anomalías operativas en la ejecución de contratos para el acopio de leche fluida en la entidad, encendiendo alertas sobre la transparencia en la gestión de los recursos públicos asignados a los programas de abasto social del sector lechero.
Entre las irregularidades más críticas documentadas en el contrato LICONSA/CADQ/001376/2023, formalizado para adquirir leche a productores locales, la ASF detectó la dispersión de más de un millón de pesos asignados a personas que ya figuraban como fallecidas en los registros oficiales de defunción al momento de emitirse los pagos. Asimismo, los informes de fiscalización exhibieron transferencias multimillonarias a favor de supuestos proveedores que no cumplían con los lineamientos técnicos para acceder al esquema del precio de garantía, además de registrarse erogaciones por volúmenes de leche cuya recolección física y logística de traslado no pudieron ser acreditadas documentalmente.
Las anomalías no se limitaron a la cuenca lechera de Chihuahua, donde el monto observado ronda los 4,5 millones de pesos, sino que corresponden a un patrón de control deficiente detectado en diversos centros de acopio del país. La investigación refiere observaciones similares en estados de alta relevancia productiva, alcanzando presuntos desvíos por 15,8 millones de pesos en Jalisco —vinculados a la entonces gerencia estatal— y 14,9 millones de pesos en Coahuila, involucrando a subgerentes operativos del Programa de Abasto Social en un esquema recurrente de irregularidades administrativas en la captación y pago de leche.
Para el sector pecuario y los auténticos productores de leche en Chihuahua, la revelación de estas anomalías profundiza el malestar en una cuenca duramente castigada por la sequía y el encarecimiento de los forrajes. Durante los últimos ciclos, organizaciones de ganaderos locales han protagonizado bloqueos carreteros y protestas en reclamo por atrasos sistemáticos en la liquidación de apoyos e incumplimientos en el pago oportuno del precio de garantía, señalando que la falta de fluidez en las ventanillas contrasta con la aparente discrecionalidad en la asignación de recursos a proveedores irregulares que desplazan a los establos tradicionales.
Frente a la gravedad de los hallazgos de la ASF, diversos actores políticos y representantes del sector agroalimentario exigieron que la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General de la República profundicen las carpetas de investigación para deslindar responsabilidades sin distingos de filiación política. La reapertura de cuestionamientos sobre el manejo de fondos en Liconsa reaviva la exigencia de blindar los mecanismos de acopio y auditoría, garantizando que el presupuesto federal destinado a la soberanía lechera beneficie efectivamente a los pequeños ganaderos y asegure el abasto nutricional en las comunidades más vulnerables de México.
Fuente: Político MX
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