La exigencia parlamentaria pone el foco en los expedientes de fiscalización que involucran la gestión de Gregorio Chávez Treviño al frente de la representación estatal de Liconsa, donde se detectaron pagos millonarios a personas fallecidas, transferencias a supuestos proveedores que no cumplían los requisitos normativos del programa social y liquidaciones por volúmenes de leche cuya recolección física y logística de traslado no cuentan con el debido soporte documental. Medina calificó estos hallazgos como inadmisibles y lesivos para el erario público en una entidad con una profunda tradición ganadera.

En el plano productivo, el legislador contrastó estas anomalías con la precaria situación financiera que enfrentan los pequeños y medianos lecheros de las cuencas de Delicias, Meoqui, Saucillo y la región sur del estado. Mientras los productores locales lidian con una severa sequía, el encarecimiento de los forrajes y recurrentes retrasos en la liquidación del precio de garantía a puerta de corral, los recursos destinados a respaldar el esfuerzo ganadero familiar habrían sido desviados o ejercidos de manera discrecional hacia intermediarios o beneficiarios irregulares.

Ante este panorama, Medina instó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Fiscalía General de la República (FGR) a profundizar las investigaciones y fincar responsabilidades administrativas y penales a los funcionarios involucrados, sin distingos políticos ni fueros institucionales. Asimismo, demandó una auditoría exhaustiva y en tiempo real a los centros de acopio lechero distribuidos en el estado, a fin de depurar los padrones de entrega y verificar que cada peso erogado corresponda a leche fresca auténtica entregada por los hatos en producción.