Para sostener jurídicamente esta represalia, Washington recurrió a la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, una herramienta de política comercial poco utilizada que faculta al Ejecutivo estadounidense a imponer gravámenes punitivos cuando determina que un socio comercial discrimina las exportaciones de EE. UU. El alcance del nuevo régimen arancelario comprende bienes manufacturados, artículos deportivos, materiales de construcción y bebidas alcohólicas. Sin embargo, la Casa Blanca exentó de manera estratégica a insumos clave como los recursos energéticos, la potasa, los minerales críticos y los productos cubiertos por la Sección 232.

Entre los detonantes centrales de la disputa destaca el añejo litigio por la administración de las cuotas de importación y contingentes arancelarios (TRQs) del sector lácteo canadiense. La administración estadounidense acusa a Ottawa de mantener un esquema de distribución de cuotas lácteas discriminatorio que favorece las corrientes de comercio provenientes de la Unión Europea en detrimento de los procesadores norteamericanos. A esto se suman los reclamos por las regulaciones al sector automotriz y el retiro de bebidas alcohólicas estadounidenses de los canales estatales de distribución minorista en diversas provincias canadienses.

De acuerdo con las cifras oficiales difundidas por la Casa Blanca, la política comercial canadiense provocó una contracción del 22% en las exportaciones automotrices de EE. UU. hacia ese país entre abril de 2025 y marzo de 2026, así como un desplome del 81% en los envíos de bebidas alcohólicas. El representante comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, justificó la imposición del gravamen sosteniendo que la medida busca contrarrestar las represalias de Ottawa y restablecer condiciones de competencia equitativas para los fabricantes, ganaderos y agricultores estadounidenses.