El origen del conflicto reside en los constantes reclamos de la industria láctea estadounidense, que denuncia que Canadá utiliza trabas administrativas para restringir el acceso preferencial pactado en el acuerdo trilateral. A través de su histórico sistema de gestión de la oferta (supply management), el gobierno canadiense asigna la mayor parte de las cuotas de importación a procesadores locales en lugar de distribuidores o minoristas, limitando en la práctica la entrada de quesos, leche fluida, mantequilla y polvos industriales provenientes de los establos y plantas procesadoras de Estados Unidos.

La selección de los productos objeto de sanción comercial busca ejercer una presión económica y política directa sobre provincias canadienses clave como Quebec y Ontario, bastiones históricos tanto de la industria cooperativa lechera como de la manufactura mecánica. Para los productores lecheros estadounidenses, que enfrentan presiones de rentabilidad por altos costos en alimentos balanceados y energía en sus establos, lograr una apertura real del mercado vecino representa un objetivo comercial prioritario para dar salida al crecimiento sostenido en la producción de sólidos lácteos.

Por su parte, las organizaciones de productores en Canadá defienden con firmeza el esquema de cuotas de producción, argumentando que el sistema garantiza la estabilidad financiera de las granjas familiares, evita crisis de sobreproducción y protege la soberanía alimentaria del país sin requerir subsidios directos del erario público. La eventual imposición de aranceles punitivos o prohibiciones de entrada a territorio estadounidense representaría un severo revés para las empresas canadienses que exportan derivados lácteos de especialidad y productos procesados, cerrándoles el acceso a su principal socio comercial.