La decisión del organismo perteneciente a la Secretaría de Bienestar representa un duro golpe para la economía de los pequeños ganaderos de los municipios afectados. La infraestructura de refrigeración comunitaria estaba proyectada para recolectar el excedente diario de la ordeña, permitiendo que la materia prima mantuviera sus estándares de calidad antes de ser trasladada a las plantas procesadoras. Al cancelarse el centro receptor, las familias rurales pierden la oportunidad de acceder al precio de garantía que ofrece el gobierno de la República.

Para el productor lechero del noroeste del país, la falta de este centro de recolección oficial los coloca en una situación de alta vulnerabilidad comercial frente a los compradores informales. Sin la capacidad de almacenamiento en frío que ofrecía el proyecto del tanque, los excedentes de leche fluida deben venderse de forma inmediata a queserías locales o intermediarios. Esta urgencia operativa provoca que el valor del lácteo se pague a tarifas muy bajas que ni siquiera cubren los costos mínimos de producción en el corral.

Por su parte, los médicos veterinarios, zootecnistas y asesores técnicos de la cuenca sinaloense advierten que el rechazo institucional desincentiva la inversión en sanidad animal y genética. Sostener la regularidad de las curvas de lactancia y balancear adecuadamente las raciones en el comedero demanda un flujo de capital constante que hoy está comprometido. La viabilidad financiera de cada establo depende de contar con un mercado formal y regulado que retribuya con justicia el cumplimiento normativo en materia de inocuidad alimentaria.